16-Oct 06:59 amAlejandro Hinds
Subido por: ADRIANA MARCHAN
Analizado por: Daniela Daboin
Analizado por: Daniela Daboin
El sector advierte que la obligación impuesta por la ley de arrendamiento paralizará la inversión privada. Se necesitará construir un promedio anual de 322.000 viviendas en los próximos 6 años para alcanzar la meta gubernamental
En 6 años el Gobierno podría alcanzar la meta prometida de viviendas | Alveiro Bolívar
La Cámara Venezolana de la Construcción propondrá al Gobierno la formación de empresas mixtas con capital mayoritario del sector público que se dediquen a la edificación masiva de viviendas para alquilar.
"Podemos hacer un grupo de trabajo para acordar las condiciones", expresa Juan Francisco Jiménez, presidente del gremio.
Jiménez considera que la asociación entre el Ejecutivo y la empresa privada brindará mejores resultados que la obligación de alquilar un porcentaje de las viviendas nuevas que se impondrá a los constructores mediante la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, en segunda discusión en la Asamblea Nacional.
El quinto capítulo del proyecto de ley, aprobado por los diputados, indica que la superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda que se creará al entrar en vigencia la legislación definirá el porcentaje que se deberá alquilar, escogerá los inmuebles que tendrán ese uso y seleccionará a los inquilinos, dando prioridad a los que tengan sentencia firme de desalojo.
El dirigente gremial afirma que el instrumento legal paralizará la inversión privada en la construcción residencial. "Llamamos a la reflexión a los diputados de la Asamblea Nacional y al presidente Hugo Chávez, cuando le toque promulgar la ley, porque lo que se logrará es eliminar los proyectos masivos de vivienda del sector privado.
Los constructores se limitarán a obras muy pequeñas".
Jiménez agrega que la aprobación de esa disposición es inconveniente porque lo que se necesita es atraer la inversión del sector privado para aumentar la producción nacional de unidades residenciales. "Será muy negativo para la economía y para los resultados de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene un componente privado importante".
Lejos de la meta. A pesar de que el Gobierno acelera la construcción de conjuntos residenciales para mostrar resultados en la campaña electoral del próximo año, empresarios y especialistas afirman que difícilmente puedan lograrse las metas establecidas por el presidente Hugo Chávez al lanzar la misión: 153.000 unidades en 2011 y 200.000 en 2012.
El ministro Rafael Ramírez, presidente del Órgano Superior de Vivienda, aseguró que entre enero y septiembre se terminaron 55.576 casas, 36% de la meta gubernamental de este año. El Ministerio de Vivienda y Hábitat, en tanto, señaló que actualmente hay 120.000 unidades en construcción, que representan 78% de la cifra prometida.
Los cálculos del sector privado son menos optimistas. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción sitúa entre 40.000 y 50.000 las viviendas concluidas al cierre de septiembre. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, agrega que en el mejor de los casos se terminarán 90.000 este año.
La proyección de Betancourt significa un crecimiento de 45% en comparación con el año pasado, cuando el número de viviendas edificadas descendió 37% por la prohibición del cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa, la escasez de insumos (principalmente cabillas y cemento) y la expropiación de conjuntos residenciales en desarrollo.
La culminación de 90.000 casas en 2011, sin embargo, implicará un déficit de 63.000 viviendas con respecto al objetivo de 153.000 prometido para el primer año del plan gubernamental. Dificultará, además, la meta global de 2 millones de unidades hasta 2017, ya que se necesitará construir un promedio anual de 322.000 en los próximos 6 años para alcanzarla.
Betancourt considera que la distancia entre lo prometido y lo que realmente se construirá refleja improvisación. "Hay un margen de error de hasta 10% por factores externos como lluvias, fallas en el suministro de insumos o conflictos laborales; pero cuando te equivocas por una diferencia superior quiere decir que las proyecciones no tenían fundamento técnico".
Trabajo conjunto
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, destaca que más allá de la cantidad de viviendas que se terminen en 2011, es necesario que el Gobierno se esfuerce por estimular la participación del sector privado en proyectos residenciales.
"80.000 ó 100.000 unidades son pocas. Incluso si se cumple el objetivo de 153.000 es insuficiente, porque el país requiere cada año por lo menos 130.000 casas para cubrir el crecimiento demográfico y otras 100.000 para comenzar a reducir el déficit acumulado", dice Jiménez.
Afirma que la única manera de construir al ritmo que necesita Venezuela es seguir la fórmula aplicada por países como Chile, México y Brasil. En este último se ejecutó una política conjunta entre sector público y privado que permitió levantar 750.000 viviendas en el primer año y 1 millón en el segundo.
"Esa es la verdadera solución. El Gobierno y la empresa privada poniéndose de acuerdo. Apostamos por eso. Seguimos dispuestos a colaborar, pero solicitamos que se generen las condiciones necesarias. Estamos pidiendo casi a gritos que nos dejen invertir", reitera Jiménez.
Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros, también cree que el Gobierno debe generar condiciones estables para que el sector privado invierta y colabore en la reducción del déficit. "No puede ser que todos los años haya un cambio en el marco legal", expresa.
"Podemos hacer un grupo de trabajo para acordar las condiciones", expresa Juan Francisco Jiménez, presidente del gremio.
Jiménez considera que la asociación entre el Ejecutivo y la empresa privada brindará mejores resultados que la obligación de alquilar un porcentaje de las viviendas nuevas que se impondrá a los constructores mediante la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, en segunda discusión en la Asamblea Nacional.
El quinto capítulo del proyecto de ley, aprobado por los diputados, indica que la superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda que se creará al entrar en vigencia la legislación definirá el porcentaje que se deberá alquilar, escogerá los inmuebles que tendrán ese uso y seleccionará a los inquilinos, dando prioridad a los que tengan sentencia firme de desalojo.
El dirigente gremial afirma que el instrumento legal paralizará la inversión privada en la construcción residencial. "Llamamos a la reflexión a los diputados de la Asamblea Nacional y al presidente Hugo Chávez, cuando le toque promulgar la ley, porque lo que se logrará es eliminar los proyectos masivos de vivienda del sector privado.
Los constructores se limitarán a obras muy pequeñas".
Jiménez agrega que la aprobación de esa disposición es inconveniente porque lo que se necesita es atraer la inversión del sector privado para aumentar la producción nacional de unidades residenciales. "Será muy negativo para la economía y para los resultados de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene un componente privado importante".
Lejos de la meta. A pesar de que el Gobierno acelera la construcción de conjuntos residenciales para mostrar resultados en la campaña electoral del próximo año, empresarios y especialistas afirman que difícilmente puedan lograrse las metas establecidas por el presidente Hugo Chávez al lanzar la misión: 153.000 unidades en 2011 y 200.000 en 2012.
El ministro Rafael Ramírez, presidente del Órgano Superior de Vivienda, aseguró que entre enero y septiembre se terminaron 55.576 casas, 36% de la meta gubernamental de este año. El Ministerio de Vivienda y Hábitat, en tanto, señaló que actualmente hay 120.000 unidades en construcción, que representan 78% de la cifra prometida.
Los cálculos del sector privado son menos optimistas. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción sitúa entre 40.000 y 50.000 las viviendas concluidas al cierre de septiembre. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, agrega que en el mejor de los casos se terminarán 90.000 este año.
La proyección de Betancourt significa un crecimiento de 45% en comparación con el año pasado, cuando el número de viviendas edificadas descendió 37% por la prohibición del cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa, la escasez de insumos (principalmente cabillas y cemento) y la expropiación de conjuntos residenciales en desarrollo.
La culminación de 90.000 casas en 2011, sin embargo, implicará un déficit de 63.000 viviendas con respecto al objetivo de 153.000 prometido para el primer año del plan gubernamental. Dificultará, además, la meta global de 2 millones de unidades hasta 2017, ya que se necesitará construir un promedio anual de 322.000 en los próximos 6 años para alcanzarla.
Betancourt considera que la distancia entre lo prometido y lo que realmente se construirá refleja improvisación. "Hay un margen de error de hasta 10% por factores externos como lluvias, fallas en el suministro de insumos o conflictos laborales; pero cuando te equivocas por una diferencia superior quiere decir que las proyecciones no tenían fundamento técnico".
Trabajo conjunto
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, destaca que más allá de la cantidad de viviendas que se terminen en 2011, es necesario que el Gobierno se esfuerce por estimular la participación del sector privado en proyectos residenciales.
"80.000 ó 100.000 unidades son pocas. Incluso si se cumple el objetivo de 153.000 es insuficiente, porque el país requiere cada año por lo menos 130.000 casas para cubrir el crecimiento demográfico y otras 100.000 para comenzar a reducir el déficit acumulado", dice Jiménez.
Afirma que la única manera de construir al ritmo que necesita Venezuela es seguir la fórmula aplicada por países como Chile, México y Brasil. En este último se ejecutó una política conjunta entre sector público y privado que permitió levantar 750.000 viviendas en el primer año y 1 millón en el segundo.
"Esa es la verdadera solución. El Gobierno y la empresa privada poniéndose de acuerdo. Apostamos por eso. Seguimos dispuestos a colaborar, pero solicitamos que se generen las condiciones necesarias. Estamos pidiendo casi a gritos que nos dejen invertir", reitera Jiménez.
Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros, también cree que el Gobierno debe generar condiciones estables para que el sector privado invierta y colabore en la reducción del déficit. "No puede ser que todos los años haya un cambio en el marco legal", expresa.
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